Bush escoge a Gonzales

Partidario de la tortura será secretario de Justicia

Obrero Revolucionario #1260, 28 de noviembre, 2004, posted at rwor.org

Parecía que no podría existir peor secretario de Justicia que John Ashcroft, un tipo que es la encarnación perfecta del fascismo cristiano: cree que los generales esclavistas del ejército de la Confederación son héroes, jura que bailar es pecado, mandó tapar las estatuas desnudas del Departamento de Justicia y sueña con penalizar el aborto por completo.

Pero Bush se las ha arreglado para reemplazar a Ashcroft con alguien peor : Alberto Gonzales, el asesor jurídico de la Casa Blanca.

Gonzales es el autor del famoso memorando que dice que las Convenciones de Ginebra son "pintorescas" y están pasadas de moda en la "guerra contra el terrorismo". Asimismo, participó en las discusiones de los más altos niveles del gobierno sobre tortura. Esos memorandos y discusiones crearon las condiciones y las justificaciones jurídicas para torturar detenidos en Abu Ghraib y otras prisiones militares, y para cometer crímenes de guerra como el reciente ataque al principal hospital de Fallujah.

Al frente de la entidad judicial más alta del país estaba el lunático camandulero de Ashcroft. Ahora Bush quiere poner en ese cargo a un consiglieri de sangre fría: un abogado mafioso para los gángsters que manejan este país.

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Como asesor jurídico de la Casa Blanca, el oficio de Gonzales era opinar sobre la legalidad de las medidas de Bush. Mejor dicho, Bush le hablaba cuando necesitaba saber: "¿Cómo le hago para que no me pesquen?".

La mayor parte de las recomendaciones de Gonzales a Bush no se conocen, pero ha salido a la luz un memo crucial escrito por él en enero del 2002.

A fines del 2001, Bush declaró la guerra contra Afganistán con el pretexto de los ataques del 11 de septiembre. Como es bien sabido ahora, desde mucho antes del 11 de septiembre, importantes figuras del gobierno estaban empeñadas en atacar a Irak.

Desde el comienzo de esta guerra por la "libertad y la democracia", el gobierno elaboró un plan para ponerse al margen de toda ley. La oficina de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Justicia dictaminó en documentos secretos que los adversarios eran "combatientes ilegales" sin ningún derecho jurídico.

Asesoría Jurídica se puso a elaborar argumentos para justificar que el gobierno podía hacer caso omiso de todas las leyes y tratados nacionales e internacionales. La revista Newsweek escribió que "el Departamento de Defensa y en última instancia el asesor jurídico de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, endosaron" tal plan.

Asesoría Jurídica dictaminó en otros memorandos que las leyes estadounidenses no se aplican a los presos de Guantánamo, que estos no caen bajo la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y que ni las Convenciones de Ginebra ni ninguna de las leyes sobre la guerra se aplican al conflicto de Afganistán.

Estos dictámenes eran una ruptura con la tradición jurídica y provocaron objeciones en el Departamento de Estado y en los círculos de abogados militares. Pero un memorando del 25 de enero de 2002 de Gonzales a Bush le recomienda pasar por alto esas objeciones y decretar que Estados Unidos no cumpliría las Convenciones de Ginebra sobre el tratamiento de presos de guerra.

En ese memorando Gonzales sostiene que la situación global requiere "una nueva clase de guerra" y que pasar por alto el derecho internacional le permitiría al presidente "preservar su flexibilidad". Termina diciendo: "A mi juicio, este nuevo paradigma hace que sean obsoletas las estrictas limitaciones de las Convenciones de Ginebra sobre el interrogatorio de presos enemigos y hace que algunas de sus estipulaciones sean pintorescas".

Gonzales también señala que una ley federal de 1996 penaliza los "crímenes de guerra" y el "incumplimiento grave" de las Convenciones de Ginebra, y a continuación argumenta que se necesitan ciertas maniobras judiciales para impedir que los fiscales federales o los abogados independientes puedan acusar a los funcionarios del gobierno (y al presidente) de crímenes de guerra (como los que la Casa Blanca estaba planeando concretamente en ese preciso momento ).

Gonzales aprueba la declaración oficial de que los adversarios de Afganistán son "combatientes ilegales" con estas palabras: "Su dictamen crearía una base jurídica razonable de que [la Ley de Crímenes de Guerra] no se aplica, lo que daría una sólida defensa en caso de acusaciones futuras".

En las semanas siguientes, la cúpula del gobierno pulió el lenguaje engañoso con que se iba a proteger de acusaciones judiciales. En febrero del 2002 la Casa Blanca anunció que las Convenciones de Ginebra se aplicaban (formalmente) a Afganistán, PERO que los presos del Talibán y de Al Qaeda no eran presos de guerra y, por lo tanto, no se les aplicaban las Convenciones de Ginebra. Newsweek escribió: "Esto allana el terreno para nuevos procedimientos de interrogación no gobernados por el derecho internacional".

Poco después una directiva presidencial secreta autorizó a la CIA a montar campos secretos de presos fuera del país y a usar medidas extremas para interrogarlos. Unos campos los manejaba directamente personal yanqui; otros eran de gobiernos extranjeros.

Después siguió el famoso "memo de tortura" del 1§ de agosto del 2002. Ese memorando no lo escribió Gonzales sino la oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia. Sin embargo, va dirigido solamente "A Alberto Gonzales", lo que indica que él lo solicitó.

El memorando recomienda cómo evadir las leyes nacionales (Sección 2340A) e internacionales sobre tortura. Dice: "Abajo concluimos que la Sección 2340A prohíbe actos que infligen daños o sufrimientos severos, mentales o físicos, con intención específica de hacerlo. Tales actos deben ser de un carácter extremo para llegar al nivel de tortura tal como la define la Sección 2340A y la Convención [contra la Tortura]. Concluimos además que ciertos actos pueden ser crueles, inhumanos o degradantes, pero no producir dolor o sufrimiento de la intensidad necesaria para ser clasificados conforme a la Sección 2340A...".

¿Cuánto "dolor y sufrimiento" cae bajo la definición de tortura (según esta perversa lógica)? El memorando lo detalla: "Para considerar que un dolor físico es tortura, debe ser equivalente al dolor que acompaña a una herida física grave, como insuficiencia de un órgano, deterioro de funciones orgánicas o la muerte". Entonces, quemar a una persona en la hoguera se considera tortura, pero ponerle electrodos en el cuerpo o hacerle "el submarino" no llega a la categoría de tortura. Nótese que los presos de Abu Ghraib y otros penales han sufrido precisamente esas clases de tortura.

El memorando después comenta que de todos modos el presidente no tiene por qué preocuparse de cumplir las leyes contra la tortura: "Opinamos que en las circunstancias de la guerra actual contra Al Qaeda y sus aliados, la Sección 2340A no se podrá aplicar porque representaría una contravención inconstitucional de la autoridad del presidente para llevar a cabo la guerra".

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Antes de ser asesor jurídico de la Casa Blanca, Alberto Gonzales era parte de la máquina de ejecuciones de Texas.

Gonzales fue el asesor jurídico de Bush cuando este fue gobernador de Texas. En esos seis años, ejecutaron a 152 presos: la cantidad más alta por estado en la historia moderna del país.

Bush tenía poder político para influenciar a la junta encargada de conmutar la pena de muerte y Gonzales estaba encargado de darle recomendaciones sobre las apelaciones de clemencia.

Un artículo de Alan Berlow en la revista Atlantic Monthly señala: "Un examen minucioso de los memorandos de Gonzales indica que el gobernador Bush con frecuencia aprobó ejecuciones guiado por una información sumamente superficial de los puntos en litigio. En esos documentos Gonzales una y otra vez no le informó al gobernador de asuntos cruciales: incompetencia del abogado, conflicto de intereses, evidencia atenuante e incluso evidencia de inocencia".

En el caso de Terry Washington, por ejemplo, ejecutado en 1997, Gonzales no le informó a Bush que Washington tenía una edad mental de seis años ni de que el abogado defensor no presentó peritos a dar testimonio sobre su edad mental.

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Gonzales tiene que pasar por un proceso de confirmación, pero los demócratas no han planteado objeciones a la nominación. Esto muestra una vez más la unidad fundamental entre ellos y el grupo de Bush sobre la "guerra contra el terrorismo".

A unos grupos fascistas cristianos no les gusta Gonzales porque cuando era magistrado de la Suprema Corte de Texas decidió con la mayoría del tribunal que ciertas adolescentes no necesitan consentimiento paterno para que les practiquen un aborto (aunque él aclaró que lo hizo siguiendo una ley estatal que le parecía "preocupante"). Parece que además medio apoya los programas de acción afirmativa.

Gonzales no es el fascista cristiano modelo que era Ashcroft, pero es un modelo de lealtad incondicional a Bush (igual que otros nuevos miembros del gabinete escogidos por su lealtad, como Condoleezza Rice para reemplazar a Colin Powell en el Departamento de Estado).

Ser leal a Bush es ser leal a todo el programa fascista imperial que Bush encabeza: un programa que contempla una versión más represiva de la represiva Ley Patriota; un programa que va a recortar más programas sociales para que los pobres caigan en los brazos de la "caridad" de las iglesias; un programa que ya está escalando la guerra de Irak y que contempla nuevas agresiones por todo el mundo.

Como el autor del memo que preparó el terreno para Abu Ghraib y otros crímenes de guerra, Alberto Gonzales encaja a la perfección en ese programa imperialista.