El caso de la pastelería de Colorado va a la Corte Suprema:

El régimen de Trump y Pence y los fascistas cristianos maniobran para estatuir prejuicios anti-LGBTQ en las leyes federales

11 de deciembre de 2017 | Periódico Revolución | revcom.us

No hace mucho, la Corte Suprema de Estados Unidos defendió la persecución y prejuicios contra las personas LGBTQ. Un juez de la Corte Suprema declaró en una decisión que defendía una ley anti-gay que el sexo entre personas del mismo sexo era “un crimen infame contra la naturaleza” aun peor que la violación. Los prejuicios descarados contra las personas LGBTQ penetraron toda la cultura; en las escuelas, los lugares de trabajo, el entretenimiento. La violencia anti-LGBTQ era común, a menudo a manos de la policía. El presidente y su personal “bromearon” sobre las personas que morían del SIDA.

No hace mucho, en Estados Unidos, la discriminación contra el pueblo negro era abierta y flagrante. Los letreros de “solo para blancos” se encontraron en todas partes, desde fuentes de agua hasta entradas de negocios. A los negros se les negó la entrada a muchas instalaciones públicas, y siempre tenían que sentarse en la parte atrás de los autobuses. Los letreros de “Ni perros, ni negros, ni mexicanos” eran comunes en Texas y otros estados del sudoeste. Esta discriminación fue legitimada en la ley; fue confirmada por los tribunales hasta la Corte Suprema. Fue impuesta por la violencia de las turbas y la policía, por el odio y la ignorancia, y por las “costumbres” arraigadas de larga data.

Y ahora este tipo de intolerancia y odio institucionalizados podría estar de vuelta en Estados Unidos, una vez más sancionados por la ley. En todo Estados Unidos, las leyes estatales que protegen a las personas gay de la violencia y la discriminación siguen siendo la excepción, no la norma. Pero los pequeños avances logrados por las personas LGBTQ para ser reconocidas y tratadas como plenos seres humanos están bajo intenso ataque por los fascistas cristianos, ayudados e instigados por el régimen de Trump y Pence.

Y el martes, 5 de diciembre, comenzó ante la Corte Suprema el caso de Masterpiece Cakeshop, Ltd. contra la Comisión de Derechos Civiles de Colorado.

Un caso con implicaciones de gran alcance

Hace cinco años, David Mullins y Charlie Craig fueron a una panadería en un suburbio de Denver para pedir un pastel de bodas. Iban a viajar a Massachusetts para casarse (Colorado en 2012 no permitía los matrimonios entre personas del mismo sexo) y querían un pastel para una fiesta cuando regresaran a Colorado. El propietario de la panadería, el fundamentalista cristiano Jack Phillips, se negó a hacer su pastel, desafiando a una ley de Colorado que prohíbe el negar servicio por “raza, sexo, estado civil u orientación sexual”. Phillips dijo que hacer un pastel para una boda gay violaría su “creencias religiosas”. Mullins y Craig lograron presentar una queja ante la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, comenzando una batalla legal de cinco años.

Phillips y sus abogados afirman que hacer un pastel de bodas es una forma de expresión protegida por la Constitución. Argumentan que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, en particular su declaración de que no debe haber ninguna ley que “restrinja la libertad de expresión”, protege su derecho a rechazar el servicio a las personas LGBTQ. Pero Phillips no está simplemente haciendo pasteles en su propia cocina; opera un negocio abierto al público, y no tiene el derecho de negarse a servir a alguien en base de su intolerancia y prejuicios.

Las implicaciones de este caso son de gran alcance, y potencialmente muy ominosas. Si la Corte Suprema decide a favor de Phillips, las compuertas se abrirán a todo tipo de discriminación sancionada por el estado, utilizando la religión y la “libertad de expresión” como justificaciones. Asimismo podrían encontrarse bajo ataque las protecciones sancionadas por el estado contra la discriminación contra las mujeres, las personas discapacitadas y los negros.

La intolerancia promovida por el Departamento de Justicia de Trump

El caso de Phillips lo está representando la Alliance Defending Freedom (Alianza Defensora de la Libertad, ADF por sus siglas en inglés). El Southern Poverty Law Center (Centro Sureño del Derecho sobre la Pobreza) describe la ADF como un grupo de odio que quiere que “se vuelva a criminalizar la homosexualidad en Estados Unidos y criminalizarla en el extranjero”, entre muchas otras despiadadas medidas anti-LGBTQ. La ADF tiene un gran respaldo financiero de capitalistas enormemente ricos y, como documentó Revolución en septiembre, “forma parte del programa de sectores de la clase dominante que ven una absoluta necesidad de cohesionar la sociedad de Estados Unidos bajo las draconianas normas y moral fundamentalistas cristianas, las que incluyen la demonización y la deshumanización de las personas LGBTQ. Estas fuerzas ya tienen a su gente en la Casa Blanca”.

Recientemente, el Procurador General supremacista blanco del régimen de Trump y Pence, Jeff Sessions, dio un discurso ante una reunión de la ADF. Les dijo: “Se han agudizado los desafíos ante nuestra nación en relación con nuestro histórico derecho de la Primera Enmienda al ‘ejercicio libre’ de nuestra fe”. Esto es una tontería, es el propio perpetrador presentándose a sí mismo como “víctima”. Como dijo James Esseks, uno de los abogados de Mullins y Craig, el caso de Masterpiece Cakeshop no se trata de un pastel, se trata de “licencia para discriminar”.

Se han presentado decenas de escritos legales en ambos lados de este caso. En septiembre, el régimen Trump y Pence presentó un escrito en nombre de Phillips que argumentó que “Obligar a Phillips a crear expresión y participar en una ceremonia que viola sus sinceras creencias religiosas invade sus derechos bajo la Primera Enmienda”. Louise Melling, asesora legal adjunta de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, respondió: “Incluso en una administración que ya ha dejado clara su hostilidad [hacia la comunidad gay], considero esto como simple y llanamente escandaloso”.

El régimen de Trump y Pence ha actuado para legitimar la discriminación contra las personas transgénero. Trump ha “bromeado” que Pence quiere ahorcar a todas las personas gay. Un abogado del Departamento de Justicia argumentó que la Ley de Derechos Civiles de 1964 no impide que un empleador despida a alguien debido a su orientación sexual. Está registrado que un nominado de Trump para una judicatura federal ha dicho: “¿Sabes qué? Asisto a una iglesia bautista conservadora. Nosotros discriminamos, sí, claro. En base de la orientación sexual, discriminamos”.

Intensificar los ataques contra las personas LGBTQ es parte integral del programa fascista que el régimen de Trump y Pence se esfuerza por consolidar. Ahora, fascistas cristianos odiosos e intolerantes, junto con el Departamento de Justicia de Trump, trabajan para incorporar su ignorancia y prejuicios contra la gente LGBTQ en la ley, impuesta por el estado. Si tienen éxito, fomentaría la discriminación y la violencia contra las personas LGBTQ. Las mismas leyes también podrían utilizarse para justificar la discriminación cruel contra los musulmanes, contra los hispanohablantes, contra los negros.

Hay que oponérselas, hay que derrotarlas, y todo el régimen de Trump y Pence tiene que marcharse.

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