Obrero Revolucionario #918, 10 de agosto, 1997
En los últimos meses, una serie de escándalos ha sacudido al gobierno peruano por las intrigas del presidente Alberto Fujimori y su camarilla. Se han dado a conocer casos de espionaje telefónico, torturas y asesinatos de agentes del gobierno, soborno de altos funcionarios con dinero del narcotráfico y amenazas a magistrados de la Suprema Corte para que le permitan a Fujimori postularse por tercera vez a la presidencia. Todo eso ha agudizado la pugna al interior de las clases dominantes, cuyos representantes se están mordiendo y arañando como perros hambrientos tras un pedazo de carne.
Esa situación ha creado oportunidades para que amplios sectores de las masas protesten y expresen su descontento en la ciudad capital, Lima. El 5 de junio, el servicio noticioso Reuters informó: "Los manifestantes lanzaron piedras y golpearon a policías con garrotes, quienes respondieron con gas lacrimógeno, perros y embestidas a caballo.... Un ataúd con el nombre de Fujimori y de Montesinos, el jefe de inteligencia, fue pateado y destrozado". Ha habido muchas otras protestas en los últimos dos meses en Lima y otras ciudades del país.
Una de las mayores protestas en una década se llevó a cabo el 17 de julio en el centro de Lima. Se calcula que 10.000 personas, entre obreros, estudiantes y profesionales, corearon "Abajo la dictadura" y se enfrentaron a la policía frente al Palacio de Gobierno. "Vine para decirle al presidente que no vaya a pensar que puede seguir descuidando al pueblo como lo viene haciendo", dijo un vendedor ambulante a quien le chorreaba sangre de la frente.
La chispa que prendió la protesta fue el temor de que el gobierno cerrara el Canal 2 (Frecuencia Latina), un canal de TV de la clase dominante que divulgó el espionaje telefónico de más de 200 periodistas, politiqueros y empresarios por la policía política de Fujimori. El gobierno contraatacó anulando el título de nacionalidad del dueño del Canal 2, Baruch Ivcher, quien nació en Israel. Según la ley peruana, para ser propietario de una estación de TV hay que ser ciudadano, así que de esta manera el gobierno quería castigar a su dueño y posiblemente apoderarse de la estación. Miles de personas rodearon las oficinas del Canal 2 para impedir que las allanaran.
El estado peruano vela por los intereses de los grandes capitalistas y terratenientes, que están estrechamente ligados a los imperialistas estadounidenses. Los intereses de clase de estos explotadores y opresores son completamente contrarios a los de la gran mayoría del pueblo peruano.
Fujimori llegó a la presidencia en 1990. Luego en 1992, lanzó con su camarilla un golpe de estado, disolvió el Congreso y desmanteló el sistema judicial. A raíz del golpe surgió un "triunvirato" conformado por Fujimori, el general Nicolás Hermoza Ríos (jefe de las FFAA) y Montesinos (jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, SIN, que además ha sido agente de la CIA desde hace muchos años y es uno de los medios directos por los cuales Estados Unidos ejerce directo control del estado peruano).
El golpe de estado respondió a los avances de la guerra popular maoísta que dirige el Partido Comunista del Perú (llamado Sendero Luminoso en la prensa). El propósito del golpe fue darle más poder a los militares para reprimir al movimiento revolucionario, las masas y los críticos del gobierno. Estados Unidos respaldó el golpe, como respalda todas las medidas contrainsurgentes para combatir la guerra popular.
Para los campesinos y obreros, el gobierno de Fujimori ha traído más violencia y más pobreza. Enormes zonas del campo están bajo ley marcial y los derechos constitucionales han sido suspendidos. El sistema judicial de tribunales militares secretos y jueces encapuchados ha metido a miles de personas a la cárcel por "crímenes" políticos. Durante un reciente período de 18 meses, medio millón de personas fueron detenidas por sospecha de apoyar la guerra popular o simplemente de oponerse al gobierno. Por todo el mundo el gobierno peruano es famoso por torturar y masacrar a presos políticos.
El programa económico de Fujimori, ordenado por los imperialistas supuestamente para "estabilizar" la economía, ha sido un ataque brutal contra el bienestar de millones de peruanos, especialmente obreros y campesinos. Según un artículo de un periódico financiero peruano, casi uno de cinco ciudadanos, o sea, 4,5 millones de personas, viven en extrema pobreza, carentes de servicios de sanidad, agua, electricidad y gas. La mitad de la población vive debajo del nivel de pobreza, prácticamente el doble que en 1985. La prensa dice: "Hay pordioseros por todos lados".
Los sectores de las clases dominantes que quedaron excluidos del poder central como consecuencia del golpe de estado se quejaron. Pero, en general, la burguesía se unió en torno a Fujimori y aplaudió sus avances contra la guerra popular, como el arresto en 1992 del Presidente Gonzalo y otros líderes del Partido Comunista del Perú, efectuado por una masiva operación dirigida por la CIA. Los grandes capitalistas y otros sectores adinerados han prosperado económicamente como resultado del programa de "privatización" de empresas estatales y la venta de industrias y recursos a inversionistas extranjeros.
Fujimori también logró conseguir cierto apoyo de sectores de las clases medias manipulando sus ilusiones pequeñoburguesas de "estabilidad" y prometiéndoles prosperidad económica.
Pero últimamente, el apoyo al gobierno ha menguado notablemente. Ciertos sectores de las clases altas están descontentos porque el "triunvirato" tiene un monopolio del poder. Esa contradicción se ha agravado como resultado de las recientes medidas del gobierno. Por ejemplo, el Canal 2 era aliado del gobierno y de los servicios de inteligencia, pero la represión a la que ha sido sometido ha volteado contra Fujimori a amplios sectores de la prensa burguesa.
Por otra parte, el programa económico ha beneficiado solo a un pequeño sector de la población, y eso está causando mucho descontento. El crecimiento económico en 1996 fue la mitad del año anterior; muchos de la clase media han sufrido enormemente y están perdiendo la esperanza de que su situación mejore; y la vida sigue siendo un infierno para las amplias masas. Un trabajador de un comedor popular le dijo a un reportero: "Seguimos pobres y las promesas no alimentan".
Ante esta situación, la pugna en los altos círculos ha abierto ciertos espacios al pueblo para protestar. Un maestro le dijo a la prensa durante una protesta frente al Palacio de Gobierno: "Hace unas semanas no me hubiera atrevido a protestar contra el gobierno, porque aquí matan o torturan a los que protestan. Pero esta vez Fujimori se ha pasado de la raya. Ya no hay esperanza para nuestros hijos".
Hace apenas unos meses, la prensa burguesa de Perú decía que Fujimori gozaba de muy favorables encuestas. Eso fue inmediatamente después del asalto militar del 22 de abril a la residencia del embajador japonés, para poner fin a cuatro meses de ocupación por militantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amarú (MRTA). Todos los emerretistas murieron en el asalto; incluso los que se rindieron fueron rematados.
A pesar de la supuesta popularidad de Fujimori, a muchos les indignó el asalto, ya que el gobierno aparentó que estaba negociando para llegar a una solución "pacífica". En cuestión de meses, la popularidad de Fujimori se desplomó. Según un sondeo de julio, el 92% de los limeños apoyaban las protestas contra Fujimori.
De hecho, el actual rechazo a Fujimori empezó antes del asalto a la residencia del embajador japonés. A fines de marzo se encontró en un terreno baldío el cadáver descuartizado de Mariella Barreto Riofano: las manos cortadas, decapitada y la columna vertebral partida.
Eso no es extraño en Perú, donde los escuadrones de la muerte hacen de las suyas desde hace muchos años. Lo extraño es que se trataba de una agente del servicio de inteligencia, que además fue amante del mayor Santiago Martín Rivas, uno de los cabecillas del escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina, que en 1992 mató a ocho estudiantes y un catedrático en el caso conocido como la masacre de La Cantuta, y que ha cometido otras atrocidades.
Al Grupo Colina lo dirigen desde los más altos niveles del gobierno el jefe del SIN, Vladimiro Montesinos, y el servicio de inteligencia del ejército. La existencia de ese escuadrón de la muerte se dio a conocer en 1993 en la revista Sí. Aunque el gobierno lo niega, el Grupo Colina sigue funcionando. El gobierno lanzó una campaña para descubrir quién lo delató a la prensa. Surgieron sospechas de que fue Barreto y por eso la torturaron y mataron.
El 6 de abril, el Canal 2 entrevistó a otra agente del SIN, Leonor La Rosa Bustamante, quien apenas podía pararse y temblaba. Ella dijo que sus compañeros la torturaron porque sospechaban que ella filtró información a la prensa sobre los planes de los militares de espiar los teléfonos de la oposición. La Rosa dijo que le aplicaron choques eléctricos y que le lesionaron la médula espinal.
El SIN ha torturado y asesinado a muchos guerrilleros y partidarios del PCP, y de eso la prensa grande de Perú jamás se ha quejado. Pero como esta vez se trataba de agentes del SIN, entonces sí estalló un escándalo. La Rosa le dijo a la prensa: "Siempre sabía que las celdas eran para interrogar a los terroristas criminales. Pero jamás me imaginé que las usarían contra nosotros".
Desde entonces, han surgido más críticas de la policía secreta peruana. La revista Caretas informó en su edición del 20 de julio que los servicios de inteligencia tienen la capacidad de interceptar 5000 líneas telefónicas al mismo tiempo y que por lo general usan la mitad de esa capacidad.
El Canal 2 también publicó la declaración de impuestos de Montesinos, que indica que su ingreso fue de $600.000, aunque su salario del gobierno es $18.000 anuales. La conclusión obvia es que el dinero es de narcotraficantes. Ya en agosto del año pasado, El Vaticano, uno de los grandes capos peruanos, dijo que en 1991 él le pagaba a Montesinos $50.000 al mes. Después, El Vaticano se retractó bajo tortura y Fujimori impidió que se investigaran sus afirmaciones.
Cuando la prensa informó sobre la tortura a las agentes de inteligencia, el gobierno respondió con mano dura: mandó inspectores de impuestos al Canal 2; anuló el título de nacionalidad de su dueño, quien se vio obligado a irse del país por las amenazas de muerte que recibió; el SIN empezó a seguirles los pasos a los directores del periódico de oposición La República; los militares sacaron un desplegado acusando a La República de "desacreditar" a las FFAA, una acusación que podría servir de pretexto para una toma militar; allanaron las oficinas de SUR (un grupo de intelectuales de oposición); y agentes del SIN atacaron a dos congresistas que fueron rehenes del MRTA en la residencia del embajador japonés y que abogaron por una solución pacífica.
Hay informes de que otro agente de inteligencia fue asesinado y otra agente ha denunciado que fue torturada. Un ex miembro del Grupo Colina fue sentenciado a cadena perpetua por terrorismo porque escribió una carta que se leyó en un canal de TV, que detalla las operaciones del escuadrón de la muerte.
Además de esos escándalos e intrigas, hay mucha controversia sobre el intento de Fujimori de permanecer en el poder hasta el año 2005.
El 28 de mayo, el Congreso lacayo de Fujimori despidió a tres magistrados de la Suprema Corte que dijeron que no podía postularse por tercera vez el año 2000. Según la Constitución vigente cuando Fujimori ganó la presidencia en 1990, el presidente solo podía fungir como tal una vez. Pero después del golpe de 1992, Fujimori cambió la Constitución para que permitiera dos períodos presidenciales consecutivos, y ahora quiere un tercero con el cuento de que el primero no cuenta ya que fue con la vieja Constitución. Cuando los tres magistrados rechazaron ese cuento, Fujimori los despidió.
Eso enfureció a los sectores de la clase dominante que esperaban que el fin del mandato de Fujimori sería su oportunidad de ascender al poder. El despido de los magistrados también provocó enormes protestas de miles de personas frente al Congreso tres noches consecutivas, que lo cerraron por primera vez desde el golpe de 1992.
Ante la represión del Canal 2, un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo: "Eso es algo que nos preocupa.... Esas medidas plantean importantes interrogantes sobre la libertad de la prensa y de expresión".
¿Por qué no se preocupó Estados Unidos cuando el gobierno peruano y la policía atacaron al periódico revolucionario El Diario en Lima, arrestaron a su personal y cerraron sus oficinas en varias ocasiones? ¿Por qué no se indigna cuando los tribunales militares secretos sentencian a podrirse en la cárcel a quienes apoyan la revolución?
La respuesta obvia es que a los imperialistas yanquis no les importa un comino la salvaje represión al pueblo, especialmente si es contra la guerra popular y el Partido Comunista del Perú. Lo que sí les preocupa es que los ataques de la camarilla de Fujimori a otras fuerzas de la clase dominante minen más su ya débil base de apoyo y que, como consecuencia, el gobierno se debilite e inestabilice. El New York Times dijo que el "agobiado" gobierno de Fujimori podría estar "al borde de caer".
Otra cosa que preocupa a los imperialistas y los reaccionarios de Perú es que la guerra popular continúa. Fujimori ha dicho muchas veces que está a punto de derrotar definitivamente al PCP, pero está claro que el Comité Central del PCP persiste en la guerra popular, a pesar de una sangrienta contrainsurgencia y de una línea oportunista de derecha que surgió dentro del PCP en 1993 y que busca un acuerdo de paz con el gobierno. Un importante documento del Comité Central del PCP de 1995 declaró: "Superar el recodo, desarrollando la guerra popular". El periódico revolucionario El Diario ha vuelto a circular en Lima y de vez en cuando se conocen, a pesar de la censura de la prensa, informes de batallas entre el Ejército Popular de Liberación y las fuerzas armadas del gobierno.
El hecho de que el PCP persiste en la guerra popular es muy inspirador para los pueblos del mundo, y es una gran amenaza para los imperialistas y sus lacayos.
Las intrigas y pugnas dentro de las clases dominantes de Perú siguen y se intensifican. Después del ataque contra el dueño del Canal 2, cinco ministros del gabinete renunciaron: Defensa, Relaciones Exteriores, Interior, Justicia y Pesquería.
La oposición contraatacó con documentos que dicen que Fujimori es ciudadano naturalizado, igual que Ivcher, el dueño del Canal 2. De ser cierto, Fujimori no podría seguir siendo presidente.
Fujimori no suelta las riendas y, según la interpretación de muchos, la reciente compra de aviones de caza por $300 millones es un intento de mantenerse ligado a las FFAA. (Pero esa maniobra también resultó problemática cuando se supo que la compra no contempla contrato de mantenimiento y es posible que los aviones jamás vuelen.) Además, designó a varios militares para reemplazar a los ministros que renunciaron, y así fortaleció la presencia militar en el gobierno.
En su mensaje anual al Congreso el 28 de julio, Fujimori pasó por alto la crisis que estremece al país e hizo la ridícula afirmación de que en Perú hay "plena libertad de prensa". Además, rehusó destituir o criticar a Montesinos y Hermoza Ríos, como pedía la oposición. Lo que hizo fue engatusar a un sector de la población ofreciendo un aumento salarial de 15% para el sector público, reducción de ciertos impuestos, créditos para pequeños comerciantes y la creación de un fondo mutuo de ahorro por $1.3 billones para los trabajadores del sector público y los jubilados.
A los capitalistas les preocupa el impacto económico y político que tendrán las medidas de Fujimori. Un economista que fuera también candidato a la presidencia le dijo al New York Times: "El error absolutamente estúpido de revocarle la nacionalidad a Ivcher ha creado un ambiente de inestabilidad política y económica".
Flotan muchos rumores. Una reunión de altos mandos militares en la ciudad sureña de Arequipa hizo pensar que se gestaba un golpe militar. Se especula que Montesinos, Hermoza Ríos y la cúpula militar quieren deshacerse de Fujimori, y que podrían ser quienes filtraron dañina información a la prensa. Otros informes dicen que hay tensión entre el "triunvirato" y los mandos militares, o una escisión entre los militares y los servicios de inteligencia.
Cualquiera que sea la situación, lo innegable es que los perros de la clase dominante de Perú se están mordiendo y buscándose la yugular.
Por el momento no está claro en qué acabará esta situación, pero le ha quitado la máscara "democrática" al gobierno. Detrás de la pantomima de elecciones y "libertad de prensa" se ve la verdad de que el poder nace del fusil. La clase dominante de Perú se mantiene en el poder por la fuerza de las armas, principalmente contra el pueblo, y la controversia que la sacude se debe a que la pandilla de Fujimori está aplicando los mismos métodos--asesinato, tortura y represión de derechos--contra opositores de la burguesía.
La oposición burguesa dice que tiene la respuesta que satisfacerá al pueblo: que todo mejorará una vez que reemplace en el poder al dictador Fujimori. Pero lo que en realidad demuestran los recientes sucesos es que el sistema de gobierno en su totalidad es corrupto, podrido hasta el tuétano y hay que tumbarlo. La pelea de perros de las clases dominantes ha puesto de relieve las profundas y estratégicas debilidades y fallas de la sociedad.
El reemplazo de Fujimori por otro trillado representante de la burguesía conllevaría más pobreza, más brutalidad y más bota imperialista. El Partido Comunista del Perú tiene una consigna muy apropiada y veraz: "¡Salvo el poder todo es ilusión!". El único camino que puede liberar a los oprimidos de Perú es el de la guerra popular para tumbar del poder a los reaccionarios y sus amos imperialistas y darle el poder al pueblo.
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