Muerte e injusticia: Made in USA

Estudio demuestra que 2/3 de los condenados a muerte tuvieron juicios chuecos

Obrero Revolucionario #1060, 25 de junio, 2000

Desde que la Suprema Corte federal reinstituyó la pena de muerte en 1973, han ejecutado a más de 500 personas en Estados Unidos: un promedio de una a la semana en los últimos seis años. En 1999 ejecutaron a 98, 44% más que el año anterior. Actualmente hay más de 3500 presos en los pabellones de la muerte del país, y siguen llegando más.

Al mismo tiempo, han aumentado las revocaciones de las sentencias de muerte. El año pasado exoneraron a ocho condenados, lo que suma 84 desde 1973.

¿Cuántos más condenados injustamente habrá en los pabellones de la muerte? ¿A cuántos inocentes habrán ejecutado?

El informe "A Broken System: Error Rates in Capital Punishment", publicado el 12 de junio, da nueva y contundente evidencia de lo injusta y siniestra que es la pena de muerte en Estados Unidos. Un dato esencial del informe es que los tribunales de apelación revocaron casi siete de diez sentencias de muerte dictadas entre 1973 y 1995 porque fueron producto de juicios patentemente injustos.

El estudio lo realizó un equipo de abogados y criminalistas de la Facultad de Derecho de la Universidad Columbia. El principal autor es James Liebman, profesor de derecho y defensor público en juicios y apelaciones de pena de muerte. Es la primera vez que se lleva a cabo una investigación estadística del proceso de apelación en casos de pena capital. Lo solicitó el Comité Judicial del Senado en 1991, que le pidió a Liebman calcular la tasa de revocaciones de la pena de muerte en apelaciones a tribunales federales. En 1995 el informe se amplió y examinó las apelaciones en tribunales estatales.

El informe examina todos los casos de pena de muerte durante los 23 años entre 1973 y 1995. De las más de 4500 apelaciones, los tribunales estatales anularon el 47% de las condenas de muerte. Del resto, los tribunales federales anularon el 40%.

El peligro de una ejecución por equivocación

Como señala el informe, las estadísticas indican que en este país el sistema de pena de muerte "pone a muchos en riesgo de ser ejecutados por equivocación". En un segundo juicio, el 7% salieron completamente absueltos de los cargos que les imputaron; al 75% les rebajaron la sentencia; y a muchos del 18% que recibieron una sentencia de muerte en un segundo juicio les revocaron la sentencia en apelaciones posteriores.

Para que revoquen una sentencia de muerte hay que demostrar durante la apelación que en el primer juicio se cometieron importantes "errores perjudiciales". Según el informe, los dos principales errores graves que llevaron a revocar sentencias de muerte son: "(1) abogados defensores completamente incompetentes que ni siquiera se molestaron en buscar, o claramente ignoraron, importantes pruebas de que el acusado era inocente o que no se merecía la pena de muerte; y (2) policías o fiscales que sí descubrieron tales pruebas pero que las suprimieron para que no se enteraran los jurados".

Otros errores son: jueces que hablan con la prensa sobre el juicio o que dan instrucciones defectuosas a los jurados; policías que sacan "confesiones"; fiscales que excluyen de los jurados a los negros en juicios de negros; informantes dentro de las prisiones que escuchan las conversaciones de los abogados y sus clientes. El informe documenta cientos de tales "errores" en casos de pena de muerte.

El informe señala que entre los estados hay una marcada diferencia de la tasa de revocaciones de pena de muerte: del 100% en Kentucky, Maryland y Tennessee al 18% en Virginia. Pero esto no quiere decir que en Virginia los juicios sean más "justos"; puede ser, como dice el informe, que las cortes dificulten más el proceso de apelaciones.

La tendencia nacional es obstaculizar el proceso de apelaciones para los condenados a muerte. El New York Times señala: "Es posible que desde que se publicó el informe hayan aumentado la cantidad de errores, y la cantidad que pasaron desapercibidos, dice el profesor Liebman, porque desde mediados de la década pasada varios estados y el Congreso han limitado las apelaciones y agilizado el proceso de ejecución. En 1996, una ley federal, firmada por el presidente Clinton, limitó a un año el tiempo para apelar a un tribunal federal una vez que se hayan agotado las apelaciones en los tribunales estatales. Además, varios estados han cerrado las unidades de defensores públicos que ayudaban a los condenados a muerte a preparar apelaciones".

Más allá del informe

La estadística que sobresale del informe, que casi siete de diez sentencias de muerte son revocadas en apelaciones es, sin duda alguna, una infamia en sí, pero no da un cuadro completo de lo injusta que es la pena de muerte en Estados Unidos.

El informe dice que es muy común que los defensores en casos de pena de muerte sean incompetentes. La mayoría de los acusados no tienen dinero para contratar un abogado y tienen que contentarse con un defensor público no muy experimentado en casos de pena capital o que simplemente no tiene interés. Un preso de Texas que está apelando en un tribunal federal dice que su abogado se pasó dormido buena parte del juicio. Un abogado así no es capaz de recopilar y conservar datos legales y concretos necesarios para apelar la sentencia.

Además, hay condenados a muerte que agotaron todas las apelaciones sin que les revocaran la sentencia, a pesar de pruebas contundentes de inocencia o de graves errores judiciales. En Illinois, en marzo del año pasado, Anthony Porter estaba a pocas horas de la ejecución cuando le anularon la sentencia y salió libre, después de haber estado en el pabellón de los condenados a muerte desde 1983. Porter perdió todas sus apelaciones, hasta que unos estudiantes de periodismo de la Universidad Northwestern descubrieron pruebas de su inocencia.

El caso de Shaka Sankofa (Gary Graham) está plagado de los "errores" graves que señala el informe. El primer abogado que tuvo Shaka ni siquiera presentó testigos de descargo; y los policías y la fiscalía ocultaron pruebas de su inocencia. Así y todo, Shaka Sankofa perdió todas sus apelaciones en los tribunales estatales y federales y, al cierre de esta edición, su ejecución está fijada para el 22 de junio en Texas.

Racismo y la pena de muerte

El equipo que preparó el informe seguirá estudiando el tema de la pena capital en Estados Unidos, y su próximo objetivo es "identificar a qué se debe la gran cantidad de errores serios que infectan la condena y la sentencia de muerte en este país".

El año pasado Amnistía Internacional publicó un informe que analiza un factor central de la injusticia de la pena de muerte en Estados Unidos: el racismo. De los ejecutados entre 1973 y 1997, el 37% eran negros, y eso que los negros solo son el 12% de la población nacional; casi la mitad de las víctimas de homicidio son negros, pero al 83% de los ejecutados los condenaron del homicidio de un blanco.

Filadelfia, donde Mumia Abu-Jamal fue sentenciado injustamente a muerte, es un ejemplo pasmoso de cómo se aplica la pena de muerte contra los negros. Ahí, el 83% de los sentenciados a muerte son afroamericanos; ahí, es cuatro veces más probable que a un negro lo sentencien a muerte que a un blanco.

En un informe de junio de 1998, el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, señala: "La relación entre el color de la piel y la sentencia de muerte es más estrecha que la relación entre fumar y las muertes por enfermedades cardíacas". Un informe de Amnistía Internacional dice: "La discriminación racial impregna toda etapa el proceso de la pena de muerte en Estados Unidos...".

La maquinaria de muerte

El punto de vista del proletariado revolucionario no es que hay que "remendar" el proceso de la pena de muerte, sino que la pena de muerte es parte de todo un sistema de injusticias y opresión. La pena capital, o "la maquinaria de muerte" como dice Mumia Abu-Jamal, es un arma que las autoridades usan contra el pueblo.

Como dice Bob Avakian, Presidente del Partido Comunista Revolucionario: "Los comunistas se oponen a que el Estado burgués aplique la pena de muerte porque en la mayoría de los casos, la aplicará contra los oprimidos y será un instrumento para reforzar su dictadura, robustecer su aparato represivo y crear un ambiente político más represivo que, repito, sirva principalmente para someter a los oprimidos y a los que se oponen al statu quo".


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