Li Onesto
Obrero Revolucionario #1160, 28 de julio, 2002, posted at http://rwor.org
Llevaba 15 días recorriendo el campo montañoso del distrito de Rolpa con un pelotón del ejército popular. Estábamos en las zonas guerrilleras donde se estaban forjando bases de apoyo maoístas. Por razones de seguridad, no podíamos quedarnos mucho tiempo en un solo lugar. Por eso pasábamos una noche en una aldea y en la mañana nos íbamos. Pero en esta aldea, dedicamos todo el día a descansar, lavar la ropa y bañarnos.
Fue un día relajado, en comparación con la intensidad y el ritmo de nuestro viaje. En la tarde, mientras el sol secaba nuestra ropa, nos sentamos un rato a descansar.
La policía no permite que los periódicos revolucionarios entren en las zonas guerrilleras. Arrestan y a veces ejecutan extrajudicialmente a los que encuentran llevando obras revolucionarias a Rolpa. Pero un compañero llevaba un número de Janadesh, un periódico maoísta de Katmandú. Cuando lo sacó del bolsillo, todos lo vitorearon. Era de hace varias semanas, pero lo pasaron de mano a mano y leyeron los artículos, a veces en voz alta. Para esos combatientes, las noticias sobre las batallas por todo el país y el análisis y los comentarios revolucionarios eran sumamente valiosas. Así que durante toda la tarde el periódico, doblado una y otra vez, hizo un recorrido del salón. Al final, lo guardaron en una mochila para el viaje a otra aldea.
Esta es una escena de 1999, cuando fui a Nepal como corresponsal revolucionaria para informar sobre la guerra popular maoísta. Pensé en esto cuando me enteré de que el gobierno cerró Janadesh a fines del año pasado.
El 26 de noviembre, la policía de Katmandú allanó las oficinas de tres periódicos que simpatizan con la guerra popular maoísta: Janadesh, Janadisha y Dishabodh.Arrestó a siete periodistas y a dos trabajadores, y confiscó equipo y escritos.
Las redadas ocurrieron unas pocas horas antes de la proclamación de un estado de emergencia (Estado de Excepción), cuando entró en vigor la "Ley para la prevención y castigo del terrorismo y de actividades subversivas". Esa ley declara que el Partido Comunista de Nepal (Maoísta) es una "organización terrorista" y, por eso, lo prohibió. También anunció que cualquier organización o individuo que apoye el partido y sus actividades es terrorista y puede ir a parar a la cárcel de por vida.
A los periodistas arrestados en la redada los metieron en calabozos durante 26 días y no permitieron que los visitaran los familiares.
Represión de los medios
El estado de emergencia le dio a las fuerzas de seguridad nuevos poderes; con la redada del 26 de noviembre lanzaron una intensa campaña de represión contra los medios de comunicación. Simultáneamente, el Ejército Real Nepalés lanzó una campaña de "cerco y aniquilamiento" en el campo, que continúa hoy. Ha matado a centenares de presuntos guerrilleros o "simpatizantes" maoístas.
Tras la proclamación del estado de emergencia, arrestaron a muchos más periodistas maoístas. La represión pronto se extendió a todos los periódicos, las emisoras y las estaciones televisivas. Arrestaron e interrogaron a muchos periodistas y editores de los grandes medios, no porque sospechan que son maoístas sino simplemente porque informaron sobre la guerra popular.
Suspendieron muchos derechos civiles. En el campo se están librando batallas con centenares y a veces miles de combatientes. Las fuerzas del gobierno están masacrando a campesinos y, por primera vez, unos soldados del Ejército Real han muerto a manos de la guerrilla. Es el suceso más importante del país, pero el gobierno está resuelto a impedir que los medios informen sobre lo que está pasando. Los reporteros no pueden entrar en las zonas de combate; el ejército le dijo a los medios que tienen que pedir permiso para publicar noticias sobre la guerra y que solo pueden publicar informes aprobados.
Han arrestado a periodistas por publicar fotos o citas de dirigentes maoístas. A un director de periódico le mandaron "no publicar declaraciones maoístas". También han arrestado a editores por criticar el estado de emergencia o la corrupción oficial.
El 28 de noviembre, confiscaron todos los ejemplares del Kathmandu Post,el mayor diario en inglés de Nepal, porque publicó una foto de unos dirigentes maoístas. Altos funcionarios del gobierno le advirtieron que no debe publicar artículos ni fotos que "glorifiquen" al movimiento maoísta. Ese mismo día, el Ministerio de Información y Comunicaciones anunció que no se puede publicar nada que "genere odio o falta de respeto al rey o la familia real", "que genere odio al Ejército Real Nepalés, a la policía o a los funcionarios del gobierno o que les socave la moral y la dignidad", "que apoye a los grupos o individuos terroristas maoístas" o "que favorezca tumbar al gobierno elegido". También urge publicar "noticias sobre la heroicidad y logros del Ejército Real Nepalés, la policía y los funcionarios del gobierno".
En los primeros seis meses del estado de emergencia arrestaron a más de 100 periodistas; de 30 a 40 todavía están presos. Muchos son miembros de la Federación de Periodistas Nepaleses, la principal organización de periodistas del país.
Esta nueva campaña de guerra y represión cuenta con el apoyo militar, político y económico de India (la potencia regional) y de las potencias imperialistas. India ha redoblado el chorro de armas al ejército nepalés. Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Alemania y China han prometido apoyar la lucha contra los maoístas como parte de la "guerra contra el terrorismo". Hace poco el rey Gyanendra fue a China, donde el gobierno prometió ayudarle a combatir la guerra popular.
Detención preventiva
Esta no es la primera vez que el gobierno nepalés ha reprimido los medios. Tras la masacre del rey y otros miembros de la familia real en junio de 2001, arrestaron a un editor y a dos directores del periódico y la editorial nada radical Kantipur.A los tres los acusaron de traición a la patria porque publicaron un artículo de Baburam Bhattarai, un alto dirigente maoísta, que urgió rechazar al nuevo rey Gyanendra por ser un "títere de las fuerzas expansionistas indias". Más tarde les retiraron la acusación.
Desde comienzos de la guerra popular en 1996, han atacado a muchos periodistas revolucionarios. Durante mi visita en 1999, varios escritores maoístas me hablaron de la represión. Me dijeron que la mayoría de los 300 periódicos del país informaban sobre la guerra popular, pero que el gobierno los estaba censurando.
Un escritor me habló de una redada contra tres periódicos maoístas: "La policía atacó el periódico revolucionario Janadesh.En enero arrestó a 14 periodistas y asesores. Confiscó sin orden judicial las computadoras, las cámaras y el equipo de oficina. A 10 los puso en libertad tras una semana, pero a otros cuatro los acusó de traición y los tuvo presos más de un mes. Más tarde, un tribunal tuvo que retirar las acusaciones por falta de pruebas, pero no devolvió el equipo confiscado. Hace 15 días registraron las oficinas de Jwala,arrestaron a tres personas y confiscaron las computadoras. Dos días más tarde, arrestaron a un editor y al editor ejecutivo de Janabahan.Los tres siguen presos. A un fotoperiodista también lo arrestaron".
Un joven camarada me explicó cómo el gobierno busca impedir la distribución de los periódicos revolucionarios: "En enero, arrestaron al dueño de una imprenta y cinco trabajadores. Más tarde los pusieron en libertad, pero los amenazaron para que no imprimieran Janadesh.Está prohibido tener un periódico revolucionario en las zonas de combate de la guerra popular, y la policía arresta a los lectores y vendedores. Pero hemos desarrollado métodos para volver a distribuirlos. Según la ley, no pueden prohibirlos, así que el gobierno los para con arrestos, redadas, etc.".
Entrevisté a unos abogados de derechos humanos en Katmandú. Uno me dijo: "La aprobaron en 1991 pero solo empezaron a recurrir a la detención preventiva hace dos años [1997]. Pueden detener tres meses sin acusación, pero un ministerio del gobierno puede extender una detención otros tres meses, o más. Además, a veces ponen en libertad a una persona, e inmediatamente la vuelven a arrestar. Supuestamente existe el derecho de habeas corpus, pero hay muchas pruebas falsas y trampas".
Tras la declaración del estado de emergencia, el gobierno ha tenido mucha gente en la cárcel durante meses sin acusarla y sin siquiera informarles a los familiares. Por ejemplo, en marzo arrestaron a Gopal Budhathoki, editor del periódico semanal Sanghu y asesor de la Federación de Periodistas Nepaleses en Katmandú. Sanghu ha informado sobre la muerte de civiles a manos del ejército y sobre la corrupción oficial. Durante cuatro días el gobierno dijo que no sabía nada de él, pero tras varias protestas de los medios y los grupos de derechos humanos, el primer ministro admitió que lo arrestaron porque publicó informes que "alegran a los maoístas" y "sembraron rumores y desmoralizaron al ejército".
En realidad los artículos pusieron al descubierto irregularidades financieras en la compra de helicópteros por el ejército. El primer ministro dijo que "publicar esa clase de información equivale a colaborar directamente con los terroristas".
Torturas
"Los militares hacen lo que quieran. Violando completamente la ley, arrestan, interrogan, torturan y detienen a sospechosos, especialmente a periodistas".
Subodh Raj Pyakurel, secretario general del grupo de derechos humanos nepalés INSEC
Estuve en Nepal cuando arrestaron a Krishna Sen, editor del periódico maoísta Janadesh,porque publicó una entrevista a Baburam Bhattarai, alto dirigente maoísta. Lo metieron a la cárcel 22 meses de acuerdo a la "Ley de seguridad pública", que permite la detención preventiva para los que representen "una amenaza a la seguridad y tranquilidad interna". Lo volvieron a arrestar en mayo y se dice que murió en la cárcel por las torturas. Esa noticia indigna y entristece a los revolucionarios, y por todo el mundo periodistas y militantes de derechos humanos protestan y reclaman que el gobierno publique los detalles de lo que le pasó (ver el artículo acompañante).
Los militantes de derechos humanos y familiares de los detenidos dicen que el gobierno ha torturado a la mayoría de los presuntos simpatizantes maoístas. La esposa de un preso dijo: "Mi marido fue torturado durante los primeros dos o tres días de su detención, en el cuartel del ejército. Le ataron las manos y los pies y recibió descargas eléctricas".
INSEC, el grupo de derechos humanos de Katmandú, entrevistó a varias personas torturadas por la policía y el ejército. Informó que los presos tienen que bajar la cabeza todo el día y que los interrogan una vez al día. Los obligan a desnudarse y los golpean con una barra de hierro. A los que ponen en libertad les dicen que morirán si hablan de lo que les pasó en la cárcel.
Unos pocos días después de proclamar el estado de emergencia, arrestaron a Shankar Khanal, un periodista de la emisora estatal Radio Nepal y el periódico Space Time,y a Ganga Bista, un corresponsal de la red televisiva estatal y el periódico Chautari Times.Los interrogaron y los torturaron. INSEC informó: "Los policías les obligaron a desnudarse, luego los golpearon y les regaron agua caliente y fría, varias veces cada día". Los dos informaron sobre manifestaciones maoístas, pero la meta de la tortura era obligarlos a entregar a los "contactos maoístas". Tras varias protestas pusieron en libertad a Khanal, pero Bistya sigue preso.
Cuando estuve en Nepal, hablé con abogados del Colegio de Abogados de la Suprema Corte acerca de la tortura de presos políticos. Uno me dijo: "Nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte, pero en la práctica matan sin merced a los presos y no se llevan a cabo investigaciones. La ley y la Constitución mandan investigar tales sucesos, pero no lo hacen. De esa manera el gobierno ha masacrado a centenares de nepaleses. A otros centenares de hombres y mujeres los han arrestado y metido a la cárcel con falsas acusaciones... Hoy en día el gobierno prefiere matar a los sospechosos. En las cárceles torturan brutalmente a los detenidos. La Constitución dice que no se puede torturar y que hay que presentar a un arrestado ante un tribunal en las primeras 24 horas de la detención, o sea, existe el derecho a habeas corpus, pero lo están violando a gusto".
Otro abogado dijo: "Hay torturas físicas, especialmente violación, descargas eléctricas y golpizas de pies con una barra de hierro. Además hay nuevas formas de tortura, como obligar a los presos a mantenerse inmoviles, con los ojos vendados. Los meten en un carro y se los llevan a otra zona para interrogarlos. Los golpean con una barra de hierro, los cuelgan patas arriba, los queman con agua caliente, y más. Algunos terminan trastornados por las torturas. La policía miente también, como cuando dice que una persona ha denunciado al partido o se ha rendido. Siembran mentiras sobre los maoístas, los acusan de tener enredos sexuales, de ser corruptos, etc.".
Hoy, el gobierno arresta a abogados que defienden a los presos políticos. A Ramnath Mainali, abogado defensor de los editores de Janadesh (que también ha defendido a Govina Acarya y Krishna Sen), lo arrestaron una docena de agentes de las fuerzas de seguridad en marzo.
También han hostigado y arrestado a los familiares de los presos políticos. El ejército arrestó a la esposa de Acharya, Sabitree Acharya, porque entabló una petición de habeas corpus para obtener su libertad. Ella ha desaparecido.
Amplias protestas
Las organizaciones de periodistas, abogados y derechos humanos de Nepal y por todo el mundo han protestado contra la censura, los arrestos, la tortura y el asesinato de periodistas. El Comité para Proteger a los Periodistas (CPJ) de Nueva York y Reporteros sin Fronteras (RSF) de París enviaron delegaciones a Nepal a investigar y publicaron informes sobre la represión. Ambos grupos han organizado protestas.
Un equipo de RSF se reunió con periodistas, editores, activistas de derechos humanos y familiares de los presos. Un periodista de Katmandú le dijo a RSF: "La letanía de los muertos, publicada diariamente en la prensa, y la presencia de patrullas militares en las calles de Katmandú, instalan al país en un clima de guerra que nunca habíamos conocido antes".
Actualmente el gobierno nepalés tiene presos a por lo menos 30 periodistas. No han sentenciado a ninguno de ellos, y a sus familias no les han permitido entablar peticiones de habeas corpus.
La delegación del CPJ, en que participó el ganador del premio Pulitzer Josh Friedman, se reunió con muchos periodistas secuestrados por las fuerzas de seguridad y detenidos sin acusación. Descubrió que en la mayoría de los casos los detuvieron ilegalmente y los maltrataron. Unos periodistas dijeron que los decepcionó la falta de protestas internacionales tras los ataques a los medios en noviembre.
Le dijeron a CPJ que es casi imposible obtener información verídica sobre la ofensiva del ejército y que las estadísticas sobre bajas que provee el Ministerio de Defensa son mentiras.
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Cuando fui a las zonas guerrilleras de Nepal, en todas las aldeas los campesinos me dijeron lo importante que es que los periodistas relaten su historia; que dejen saber al mundo la brutalidad del gobierno y la lucha de liberación del pueblo.
En los tres años transcurridos, la guerra popular ha seguido cobrando fuerza. En el campo, hay fuertes batallas entre el Ejército Real Nepalés y el Ejército Popular de Liberación, a veces con centenares de combatientes campesinos. A pesar de la censura que ha impuesto el gobierno, no cabe duda de que la guerra popular sigue ganando apoyo, construyendo bases de apoyo y lanzando ataques militares.
El gobierno espera que con las barbaridades contra los periodistas podrá tapar la verdad y sembrar desinformación. El pueblo no puede permitirlo. Es necesario que pongan en libertad a los periodistas, dejar que digan la verdad y defender a los periodistas revolucionarios que quieren informar fielmente sobre la guerra popular.
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